Procesaron con prisión preventiva a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita

El juez Bonadío la acusa de haber dirigido una banda que recolectaba coimas de las obras públicas, una investigación que se inició con los cuadernos del exchofer Oscar Centeno. El procesamiento alcanza a exfuncionarios K, como De Vido y Baratta, y empresarios. Según la resolución, solo en el departamento de Recoleta de la expresidenta se habrían hecho entregas de fondos ilegales por USD 69.722.600.

El juez Claudio Bonadío procesó a 42 personas en la causa por corrupción en el entonces Ministerio de Planificación. Cristina Kirchner fue acusada de ser jefa de la asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. También, pese a solicitar su prisión preventiva sujeta al desafuero del Congreso, el magistrado indicó que, para iniciar el necesario proceso de desafuero de la senadora, el juez esperará a que el procesamiento “se homologue por la Cámara Federal de Apelaciones”. 
A la expresidenta se le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos y fue formalmente acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar coimas) en cinco hechos. Solo en su domicilio de Uruguay y Juncal se habrían realizado 87 entregas de fondos ilegales por 70 millones de dólares. 
Para la Justicia, el hecho de que Cristina Kirchner no haya recibido sumas de “dinero ilegítimas en mano propia” no la exime de “responsabilidades”. 
Se dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que inició con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora, indicó Bonadío en su resolución de 522 páginas. Para el juez, tuvo siempre “conocimiento del sistema de recaudación” y, como principal autoridad del Ejecutivo Nacional, la encontró responsable de ser “jefa de la asociación ilícita”.

El procesamiento alcanzó a Julio De Vido y Roberto Baratta en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo. En el caso del exministro de Planificación se le atribuyen cuatro hechos, mientras que al exsecretario coordinador se lo acusa de 90 hechos. A ambos se les dictó la prisión preventiva y se les trabó un embargo de $ 4.000 millones para cada uno.
En el caso de José López, exsecretario de Obras Públicas, aceptado como imputado colaborador, quedó procesado como miembro de la asociación ilícita y cohecho pasivo, también con prisión preventiva y un embargo de $ 4.000 millones.
El exchofer Oscar Centeno fue procesado como miembro de la asociación ilícita, con la misma millonaria cifra de embargo y otorgada la libertad al ser el primer “arrepentido” en el expediente. 
La larga lista de empresarios que terminaron procesados incluye a Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Carlos Mundin, Héctor Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio, Juan Chediack, entre otros, todos acusados como miembros de la asociación ilícita y dación de dádivas con un embargo cada uno de $ 4.000 millones. 
Para Bonadío,  se comprobó durante la instrucción que se montó un aparato complejo desde el Estado. Al respecto indicó que esta maniobra mostró la existencia de “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y del Ministerio de Planificación, actuó entre los años 2003 y 2015”.
En su extensa resolución, el juez indicó que en ese período existió un “pacto ilícito en daño de tercero”  entre funcionarios y empresarios que hizo “funcionar una maquinaria  que le sacaba  con procedimientos amañados dinero al Estado nacional  en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad , que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente ”.
La finalidad de esta “organización delictiva” fue distribuir “coimas a funcionarios  corruptos a cambio  que, por avaricia  y codicia, este selecto grupo de empresarios  también se llenaban los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones sosteniendo el discurso acomodaticio  y cobarde, pretendiendo hacer creer que cedían a las presiones, en bien de cuidar  sus empresas y los puestos de trabajo”. Así se refirió a los empresarios, muchos de los cuales fueron aceptados como imputados colaboradores en la causa, pero terminaron procesados como miembros de la asociación ilícita. Sobre el funcionamiento de esta mecánica, Bonadío detalló que los empresarios, para ganar obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiados con la asignación de subsidios, entre otros casos, “entregaban  un porcentaje de lo que el Estado nacional les pagaba  a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner  designaban para esos menesteres.

Solo en Recoleta se hicieron 87 entregas

El juez Claudio Bonadío juntó pruebas para ubicar a Cristina en el centro de la escena de la trama de la corrupción. Y destaca un dato demoledor: solo en el departamento de Uruguay 1306, en Recoleta, donde hoy vive, “se hicieron 87 entregas por USD 69.722.600”, indica la resolución. Además, Bonadío insistió en la existencia de una “bóveda en el domicilio de El Calafate”.
La finalidad de esta gran maniobra fue “organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”. Para concretar el funcionamiento de esta estructura, según el juez Bonadío, todos aprovecharon “su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.

Fuente: Clarín 

“Es imposible el desafuero” 

Miguel Ángel Pichetto descartó que el Senado de la Nación apruebe el eventual pedido de desafuero de Cristina Kirchner por parte del juez Claudio Bonadío, en el marco de la investigación sobre los cuadernos de las coimas. “No sé lo que va a hacer Bonadío, vamos a esperar los acontecimientos”, afirmó en diálogo con radio Cooperativa. Y agregó que la “prisión preventiva no tiene un contenido integral de sentencia condenatoria”. De esta manera, el jefe del peronismo en la Cámara alta descartó que los legisladores puedan acceder al pedido del juez para avanzar con el desafuero de la senadora de Unidad Ciudadana. 

REPERCUSIONES EN EL MUNDO

El diario El País, de España, ubicó el caso como nota principal en su portada de la versión de América, con el título La Justicia argentina dicta prisión preventiva para Cristina Kirchner. Así comienza el texto: “La causa de los cuadernos de la corrupción llevaría a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a la cárcel de no ser senadora y tener inmunidad”.
El diario La Tercera, de Chile, también lo tiene en su portada principal bajo el título Procesan a Cristina Fernández como jefa de asociación ilícita. 
El New York Times también cubrió la noticia, pero desde su página en español.
Un medio que le dio una importante dimensión en su portada fue El País, de Montevideo, que le dedica los tres artículos principales del portal, entre ellos Qué pena podría afrontar la expresidenta argentina. En un lugar menos destacado aparece la noticia en O Globo, de Brasil.

De vuelta a Comodoro Py 

La expresidenta Cristina Kirchner volverá a presentarse hoy en los tribunales federales de Comodoro Py, adonde fue convocada para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que tiene detenido al empresario Lázaro Báez. La senadora nacional había intentado dejar sin efecto la citación, pero ayer la Cámara Federal porteña rechazó el planteo que hizo contra los jueces de ese tribunal que habían dispuesto su indagatoria. Los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens rechazaron por “improcedente” el pedido de recusación en su contra formulado por la defensa de la senadora por lo que quedó ratificada la indagatoria prevista para hoy, a las 10.30.

Fotos: Reuters, Clarín

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